Las prácticas mundiales indican que los bancos centrales cuando prestan “en última instancia”, lo hacen a condición de ser acreedores privilegiados. Esta situación de privilegio se materializa al prestar sólo contra garantía de títulos públicos o cartera comercial sana e incluso, contra garantía de las propias acciones de los propietarios del banco. Estas garantías justifican que el prestamista de última instancia preste a tasas bajas que no cubren el riesgo inherente a un banco o un país en crisis.

La función de los bancos centrales es auxiliar a los bancos privados en casos de presunta iliquidez. Pero como aparentes problemas de iliquidez pueden resultar o transformarse en problemas de insolvencia, el banco central debe proteger su capital y el interés de los contribuyentes, que serían en definitiva los perjudicados si el banco central tuviera que ser recapitalizado.

La idea básica es que si un banco quiebra, los primeros en perder sean los accionistas del banco quebrado y si el patrimonio de estos no es suficiente, las pérdidas se extiendan a los acreedores imprudentes y los depositantes incautos.